Venezolanos en su trayecto hacia Colombia, en abril. AP
Miguel Cedeño espera que el mar Caribe no se haya tragado a su sobrina Inés Araujo para siempre. Su paradero se desconoce desde que el bote donde viajaba se hundió en Boca de Dragón, una zona fronteriza entre las aguas de Venezuela y Trinidad y Tobago, hace una semana en la noche. Solo nueve personas fueron halladas con vida y una muerta de las 38 que navegaban en el peñero [pequeña embarcación] Jhonnaly José. Inés iba con su prima Yokeily Surita, de 16 años, que se salvó porque, junto a cuatro viajeros más, se aferró a una pimpina plástica [bidón de plástico] durante un día y medio antes de ser rescatada. Otros tripulantes nadaron sin tregua hasta la isla de Patos, a pocos kilómetros de la costa venezolana.
Los sobrevivientes se encuentran en el Hospital de Güiria —vigilados por militares— y se recuperan de quemaduras provocadas por rayos solares y por el combustible derramado sobre sus cuerpos durante el hundimiento. Muchas son jóvenes, de entre 15 y 22 años, que zarparon en la lancha clandestina desde la playa La Salina de Güiria, en el Estado nororiental de Sucre, con destino a las Antillas.
Trata de personas y cobre
El parlamentario opositor Carlos Valero denunció que, según el testimonio de una rescatada, las mujeres eran víctimas de trata de persona. “Este ha sido el peor accidente marítimo que involucra a migrantes venezolanos, consecuencia de la política de miseria a las que nos sometió el régimen de Nicolás Maduro, responsables de esta y todas las situaciones similares que padecen los venezolanos que huyen de la crisis humanitaria”, agregó. Un policía detalla que dos hombres y una mujer que tripularon el bote están detenidos, pero la Fiscalía todavía no ha dado información.
Para Cedeño, un albañil de 41 años, el drama es triple porque en la embarcación también estaba Ligia Daria Quiroz Ruíz, la hija de su cuñado, que ahora está desaparecida. “Es entendible que se quisieran ir, la gente sufre mucho en Venezuela”, explica en una entrevista telefónica con EL PAÍS. El hombre, desprovisto de alternativas, también se lanzó al mar en 2018. Hoy, espera noticias sobre sus parientes en su casa en la ciudad de Puerto España. “Yo solo sabía que venía una de mis sobrinas, creía que con su madre. Después supe que viajaba con su prima”, explica.
No compara el hecho con las fugas de los cubanos en balsas, pero responsabiliza a Maduro del desproporcionado éxodo que, según cifras de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), supera los tres millones de migrantes. “Mi abuelo me decía antes de morir (2016) que ‘éramos ricos y no lo sabíamos’. Este grupo de políticos acabó con el país. Son culpables de las vicisitudes que estamos viviendo”, acotó.
La desesperación se instaura con el tiempo en el pueblo de Güiria, donde los vecinos aguardan en un muelle por rastros de los desaparecidos, entre apagones. Sus pobladores dicen que una aeronave de la estatal petrolera PDVSA comenzó el sobrevuelo para encontrar a las víctimas del accidente el sábado, aunque varios pescadores emprendieron una búsqueda voluntaria desde el miércoles. Para el diputado opositor Robert Alcalá se trató de una reacción tardía. “Desde la mañana del día miércoles 24, que se supo del naufragio, los que tienen el poder debieron haber dispuesto de helicópteros para la búsqueda de sobreviviente. Este Gobierno fue indolente e inoperante, aún y cuando son ellos los creadores de la crisis”, afirmó. Los voceros gubernamentales no ofrecen un reporte oficial.
La causa de la tragedia es investigada, aunque personas relacionadas con los náufragos aseguran que el barco tenía una sobrecarga de cobre para su supuesta venta ilegal. Muchos contrabandistas navegan en las costas caribeñas de forma clandestina, aunque muchos emigrantes se aventuran en estos riesgosos traslados.
Migración por mar
El jueves pasado, el portavoz de Acnur Babar Baloch dijo sobre el siniestro que “si no hay rutas legales, habrá más personas que usen vías más peligrosas”. Es un problema con antecedentes en Venezuela. Cinco ocupantes de un barco, procedente del Estado noroccidental de Falcón con rumbo a Curazao, fallecieron en las aguas del Caribe, en enero de 2018. También la diáspora está expuesta a otras amenazas como la trata de personas, ataques xenófobos, detenciones arbitrarias y deportaciones.
En Trinidad y Tobago —país aliado del chavismo— decenas de venezolanos están recluidos en prisiones por presuntas irregularidades en su proceso migratorio. El periodista Francisco Marín, de 23 años, fue detenido en una alcabala policial junto a otros dos compatriotas, pese —afirma— a entrar a esa isla con su pasaporte y un carné que lo identifica como protegido de las Naciones Unidas. Tras cuatro días en una diminuta celda fue liberado y sancionado con una multa en dólares. “Lamentablemente la crisis nos ha obligado a muchos, por diferentes factores, a partir hacia destinos que significan una oportunidad de trampolín para hacer dinero y continuar con una vida normal en (otro) país”, relató.
