El presidente del Comité Olímpico de Japón, Tsunekazu Takeda, a la izquierda, este martes en Tokio. KIMIMASA MAYAMA EFE

El presidente del Comité Olímpico de Japón (JOC), Tsunekazu Takeda, era considerado en su país uno de los principales responsables de que Tokio se llevara los Juegos de 2020, hasta que un amplio escándalo de compra de votos ha derivado en su decisión de abandonar el puesto cuando termine su mandato.

Takeda, quien ocupaba el cargo desde 2001 y aspiraba a ser reelegido para un décimo mandato el próximo junio, ha decidido finalmente renunciar a una continuidad que se antojaba complicada desde que el pasado diciembre salió a la luz la investigación formal abierta contra él por la justicia francesa.

Takeda es sospechoso de haber pagado 230 millones de yenes (1,8 millones de euros) a una empresa tapadera para favorecer la elección de la candidatura japonesa en 2013, sobornando a responsables de comités olímpicos africanos.

Aunque Takeda defendió su inocencia en varias ocasiones y en un principio recibió el respaldo del Gobierno japonés y del comité organizador de Tokio 2020, entre las autoridades niponas parece haberse impuesto la voluntad de evitar que los próximos Juegos se vean mancillados por el escándalo.

Fuentes del JOC señalaron la semana pasada que la renuncia de Takeda era “inevitable”, según los medios nipones, que también señalaron que miembros del comité habrían presionado a Takeda para que dejara el cargo.

Exjinete olímpico de hípica y bisnieto del emperador Meiji, Takeda hizo uso de sus contactos dentro del Comité Olímpico Internacional (COI) y de su experiencia en este organismo, donde ocupaba también el cargo de responsable de mercadotecnia, para lograr que Tokio se impusiera Madrid y Estambul como sede de los Juegos.

En el centro de la trama que ha causado su caída se sitúa una empresa vinculada a Papa Massata Diack, hijo del expresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF, siglas en inglés), Lamine Diack, quien dimitió en 2014 de dicho cargo tras otro escándalo de sobornos por el dopaje en Rusia.

Ambos están imputados en Francia por haber organizado supuestamente una red de corrupción que ocultó casos de dopaje y que recibió dinero a cambio de hacer campaña entre los comités africanos favorables a la elección de Río de Janeiro para los Juegos de 2016, entre otros presuntos delitos.

Fueron precisamente las pesquisas de las autoridades francesas sobre las cuentas de Black Tidings, la empresa de los Diack, las que condujeron a unos pagos sospechosos procedentes del Comité Olímpico nipón.

Takeda mantiene que esas transacciones fueron “una remuneración adecuada por un trabajo de consultoría”, una versión que apoyó el Gobierno nipón tras encargar una investigación independiente en 2016.

El paso que ha dado ahora Takeda trata de evitar que su posible procesamiento por la justicia francesa tenga lugar poco antes de los Juegos, para los que quedan menos de 500 días, o incluso durante los mismos.

Su próxima salida se suma una serie de renuncias de altos cargos de comités olímpicos nacionales, federaciones deportivas nacionales e integrantes del COI por diversos casos de corrupción y de otra índole, que han enturbiado la imagen de estos organismos.

Entre ellos están el expresidente del Comité Olímpico Brasileño Carlos Arthur Nuzman, inculpado como sospechoso de comprar votos para la candidatura de Río, o el jeque kuwaití Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, quien renunció a sus cargos en el COI y en la Asociación de Comités Olímpicos Continentales (ACNO) tras ser objeto de una investigación relacionada con intrigas políticas en su país.