La Fiscalía venezolana, controlada por el dirigente chavista Tarek William Saab, anunció este jueves que perseguirá a los cargos nombrados por Juan Guaidó. El presidente interino reconocido por la Asamblea Nacional ha creado una red diplomática y ha comenzado el proceso de renovación de la petrolera estatal, PDVSA, y su filial en EEUU, Citgo. El régimen, que ya ha impuesto Guaidó algunas medidas cautelares, lanza así una advertencia inequívoca a los dirigentes opositores que decidan acompañarle en un proceso de transición.
El aparato chavista dio un paso más para estrechar el cerco en torno al político venezolano que desafió a Nicolás Maduro. Saab afirmó que la Fiscalía ya ha abierto “una serie de investigaciones en contra de los ciudadanos nombrados ilegal e inconstitucionalmente como directivos de PDVSA y Citgo, aparte de una serie de ciudadanos nombrados como embajadores y embajadoras de forma ilegal por un usurpador del poder”. “Supuestos embajadores fantasma”, agregó, “han aceptado ser nombrados por un órgano que no es competente para tomar este tipo de decisiones”. Precisamente el miércoles el pleno del Parlamento, declarado “en desacato” por el Gobierno, nombró a la nueva directiva de Citgo, la matriz de la petrolera estatal que opera en Houston (Estados Unidos).
Alrededor de 60 Gobiernos extranjeros encabezados por la Administración de Donald Trump y la mayoría de los países europeos reconocen y apoyan al presidente encargado, que busca abrir una fractura dentro del chavismo a través de la presión internacional y con la entrada en el país de ayuda humanitaria. El fiscal calificó esta estrategia de “circo que se está montando para pisotear la Constitución” y arremetió contra Guaidó, que está decidido a mantener el pulso con Maduro por considerar ilegítimo el mandato que comenzó el pasado 10 de enero y, por tanto, un “usurpador”.
“La conducta de los ciudadanos que están aceptando ser nombrados por un sujeto que no fue electo por nadie y se autoproclamó jefe del poder ejecutivo nacional tendrá consecuencias legales, al igual que este ciudadano que se autoproclamó”, continuó Saab, quien dio a entender que la persecución del régimen contra Guaidó acaba de empezar. De momento, el oficialismo se aferra al tipo legal de la conspiración. “La conducta de estos ciudadanos que han actuado auspiciados por algunos Gobiernos extranjeros se puede calificar de conspirativa contra la paz ciudadana y el orden constitucional”, dijo.
Maquinaria estatal
El chavismo lleva días intentando quitarle margen de acción al presidente de la Asamblea Nacional. La Contraloría de Venezuela, encargada de fiscalizar a la Administración y que como todas las entidades estatales también se encuentra bajo el control del Gobierno, solicitó el pasado lunes una auditoría patrimonial de Guaidó que puede acabar con una inhabilitación de hasta 15 años. Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le prohibió hace dos semanas abandonar Venezuela, realizar operaciones comerciales y congeló sus cuentas a la espera de una resolución.
La respuesta de Guaidó, que teme por su detención desde el pasado 23 de enero pese a no reconocer las instituciones que le hostigan, ha sido acelerar su plan de transición y construcción de una nueva maquinaria estatal. Ayer se reunió con gremios y sindicatos, asociaciones de jubilados, empleados públicos y docentes. Los representantes de los trabajadores vinculados a la oposición recalcaron que “el movimiento sindical ha venido luchando a través de los años contra los atropellos del régimen” y hoy le ofrecen su respaldo.
