A
plastante, la realidad se impuso: el obradorismo elevó a categoría constitucional su versión modificada y adaptada de la guerra contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2007. Durante el sexenio funerario del panista michoacano y durante el sexenio funerario-hipercorrupto de Enrique Peña Nieto, las acciones de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) se realizaron confesamente al margen de la letra constitucional, en una flagrante violación que preocupaba a los mandos militares, exigentes en voz alta, sobre todo en el peñismo, de que se adaptaran Constitución y leyes a la realidad operativa de curso cotidiano.

Ayer la nueva aritmética legislativa dominante vistió con ropajes distintos la misma realidad. Militares, con disciplina y visión castrenses, acogidos al fuero militar y no al civil (detalle que desnuda todo argumento civilista) y bajo inequívoco mando militar en los hechos (con una Junta de Jefes de Estado Mayor de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana), cumplirán lo que se supone que es una nueva estrategia de contención del desbordamiento criminal.

Para completar el número calificado de votos (las dos terceras partes de los concurrentes) que requiere este primer paso para la reforma constitucional correspondiente a la Guardia Nacional (de San Lázaro pasará al Senado y, luego, a los congresos estatales), el partido hegemónico, Morena, contó en la Cámara de Diputados con el apoyo de sus aliados recientes, los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES, sin registro, pero con bancada en el Congreso), Verde Ecologista de México (PVEM, siempre oportunista) y el Revolucionario Institucional, que fue el que numéricamente posibilitó las reformas.

Fueron 362 votos a favor (entre los cuales hubo cinco del Partido de la Revolución Democrática), 119 en contra y cuatro abstenciones. Resulta llamativo que quienes prefirieron la neutralidad (que en el fondo significó no apoyar la línea general de Morena, aunque tampoco la rechazaron expresamente) llegaron a su curul por la vía de la coalición Juntos Haremos Historia: uno a nombre de Encuentro Social, el polémico Ernesto D’Alessio, y tres a nombre de Morena, Lidia García Anaya, Hugo Rafael Ruiz y Tatiana Clouthier (quien no milita en el partido obradorista, aunque es la vicecoordinadora de la bancada correspondiente en San Lázaro).

Clouthier, quien fue coordinadora formal de la campaña de AMLO a la Presidencia de la República, se había apartado del monolitismo triunfante al hacer críticas a aristas de militarización que, por lo visto, no le parecieron suficientemente desvanecidas o desaparecidas. La sinaloense, arraigada en Nuevo León, se ha convertido en una voz desapegada de la firme línea que domina la política nacional, lo cual la podría llevar a choques o marginaciones a mediano plazo.

Gerardo Fernández Noroña no estuvo presente en la sesión a la hora de la emisión de votos. Salió del salón de trabajos luego de enterarse de la muerte de una persona a la que consideraba su hermana mayor, María Fernanda Campa Uranga, geóloga por el Instituto Politécnico Nacional (la primera mujer en obtener el título de esa ingeniería, entonces considerada para hombres) e hija del fallecido dirigente obrero Valentín Campa. María Fernanda, conocida como la Chata, fue una mujer de lucha y convicciones, siempre activa en pro de causas sociales.

Luego de la aprobación en lo general, los diputados atendieron los artículos específicos reservados para discusión en lo particular. La aplanadora volvería a funcionar. De ahí al Senado. Y a los congresos locales. Y cuando despertaron, la militarización seguía ahí.

En la cancha senatorial se avanzaba ayer en la aprobación del otro tema candente de este periodo extraordinario de sesiones: la Fiscalía General de la Nación. Diez nombres quedaron, luego de 27 originales. Fueron enviados a Palacio Nacional, donde se escogerá una tercia y, de ahí, el Congreso elegirá a uno, tal vez el siempre sabido y predeterminado.

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