A principios de 2010, los dos grupos criminales entraron en una violentísima confrontación que incendió una parte importante del territorio nacional. Foto: Cuartoscuro

Tamaulipas ha sido uno de los estados que más ha sufrido por la violencia relacionada con el crimen organizado y por la llamada guerra contra las drogas o la militarización de la estrategia de seguridad en México. La historia de esta entidad ha estado vinculada de manera muy cercana primero al contrabando, después al narcotráfico y ahora al crimen organizado en general (incluyendo el robo de hidrocarburos, el tráfico de migrantes, secuestro, extorsión, entre otras actividades ilegales). Tamaulipas fue cuna del Cartel del Golfo y de los Zetas, agrupaciones que en su desarrollo reconfiguraron radicalmente la estructura y la operación de la delincuencia organizada en el país—y probablemente en todo el continente.

A principios de 2010, los dos grupos criminales entraron en una violentísima confrontación que incendió una parte importante del territorio nacional, incluyendo el noreste mexicano y la región del Golfo de México. La respuesta del Estado a esta brutal lucha trajo como consecuencia un crecimiento exponencial en los niveles de violencia y el número de homicidios. Entre los miles de asesinatos y masacres realizadas por ambos grupos y las fuerzas del Estado se encuentran: el homicidio de quien fuera candidato a gobernador de la entidad en el año de 2010, Rodolfo Torre Cantú; la masacre de los 72 migrantes en San Fernando en el mismo año; el descubrimiento de fosas con restos de cerca de 200 personas también en San Fernando; el éxodo de Ciudad Mier (desplazamiento forzado de más de la mitad de los pobladores del municipio); así como una multiplicidad de eventos sangrientos de gran envergadura que sólo podrían concebirse en condiciones de guerra.

Los Zetas Inc.
En el año 2017, y después de casi seis años de investigación de campo en diversas regiones del país (y por supuesto en Tamaulipas), publiqué un libro titulado Los Zetas Inc.: Corporaciones Criminales, Energía y Guerra Civil en México (University of Texas Press y traducido al español hace un par de meses por Planeta en su colección Temas de Hoy, quien cambia el subtítulo a La Corporación Delictiva que Funciona como Empresa Transnacional). En muy pocas palabras, el argumento principal del libro es que el modelo criminal de los Zetas—que ha inspirado a otros mal-denominados “carteles de la droga”—y la respuesta del Estado mexicano, ambos fenómenos de naturaleza militar, generan una especie de guerra moderna o guerra económica que desplaza a comunidades de territorios ricos en hidrocarburos y recursos naturales básicos para la producción de energía.

Concluyo en este libro que los ganadores (actuales y potenciales) de la mal-llamada guerra contra las drogas en México son las compañías productoras de armas, el sector financiero internacional, el complejo fronterizo militar-industrial estadounidense, las compañías de seguridad privada y sobre todo las compañías petroleras y de servicios a estas empresas (Halliburton, por ejemplo) que operan en México oligopolizando a nivel internacional las cadenas de suministro (supply chains) en la producción de energía. El argumento es complejo y para su comprensión se requiere de una lectura cuidadosa del texto. Hay evidencia que muestra las relaciones planteadas, pero existe trabajo adicional por realizar para verificar las hipótesis propuestas en este trabajo.

San Fernando, la Cuenca de Burgos y la guerra por los hidrocarburos en Tamaulipas

Los Zetas Inc. hace un análisis a nivel nacional, pero se detiene a estudiar tres casos particulares: Coahuila, Michoacán y Tamaulipas. Es al estudio de este último caso al que le dediqué varios años de mi vida, el que conozco mejor y al que asigné todo un capítulo del libro. El caso de San Fernando es emblemático para ilustrar el argumento básico de Los Zetas Inc., considerando su ubicación geográfica y las grandes masacres como parte de la guerra por los hidrocarburos en México. San Fernando es un municipio localizado en una región estratégica de la Cuenca de Burgos, una de las reservas de gas natural más importantes del continente. Estamos hablando de la reserva de gas natural—no asociada directamente al petróleo—más importante de todo el país. Aquí han ocurrido también algunas de las masacres más serias de los últimos tiempos. A nadie se le olvidan la tragedia de los 72 migrantes o los 200 cuerpos enterrados después de la desaparición de varios camiones de pasajeros en las carreteras del estado de Tamaulipas.

Los testimonios de los habitantes de San Fernando son desgarradores y nos apuntan, primero, a la llegada del ejército, después a la llegada de los Zetas y finalmente a la entrada del ejército de nuevo. Hoy en día se observa el abandono de un gran número de predios en esta región y la gente continúan teniendo miedo. Paradójicamente, en los últimos años también se puede apreciar la presencia de empresas de energía transnacionales (algunas de ellas que fueran contratistas de Pemex), las cuales han estado operando a la espera de la definición de la ronda para entregar contratos de explotación de hidrocarburos en esa zona.

Protección a las empresas transnacionales de energía

Llama la atención el gran apoyo a estas empresas por parte del gobierno del estado de Tamaulipas, quien pareciera haber establecido como prioridad la inversión y los intereses de dichos negocios, y no el bienestar y seguridad de la población tamaulipeca. Como es bien conocido, Tamaulipas continúa teniendo serios problemas de narcotráfico, delincuencia organizada e inseguridad en general. Solo basta curar las redes sociales que reportan situaciones de riesgo en la entidad y platicar con los ciudadanos para confirmar esta dolorosa realidad. En Tamaulipas todas las decisiones para llevar una vida normal giran alrededor de la violencia.

Es importante destacar que el actual gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene excelentes relaciones con inversionistas extranjeros interesados en el sector de los hidrocarburos. De hecho, su campaña electoral se centró en las promesas de facilitar la inversión extranjera para desarrollar al estado. Es también conocido que sus allegados del otro lado de la frontera y dentro de Tamaulipas mantienen fuertes intereses en el sector de la energía, particularmente en la industria de gas natural y energía eólica. La cobertura de este tema en ambos lados de la frontera confirma la amplísima cooperación del gobierno del estado con las compañías transnacionales de hidrocarburos y productoras de energía en lo general.

En mayo de este año, pude constatar personalmente la existencia de esta estrecha relación y enorme protección que brida el gobierno de Tamaulipas a empresas extranjeras. A través de una conexión indirecta con Nelson Balido—empresario, consultor y enlace entre las empresas tejanas y el gobierno tamaulipeco—pude verificar lo que se comenta en la región y en las redes sociales. La seguridad que brinda el gobierno estatal a las petroleras y empresas de servicios de energía transnacionales es extraordinaria (¡Ya quisiéramos que se brindara la misma protección a los tamaulipecos!). Desafortunadamente, no se me permitió a mí acompañar al gobierno del estado en su misión de proveer de seguridad a las empresas extranjeras que operan en San Fernando Tamaulipas, donde es bastante notable su presencia. Las visitas de ese tipo parecían estar reservadas para la prensa internacional con el objeto de continuar con la promoción de la inversión extranjera en Tamaulipas.

La “Campaña de Seguridad y Prosperidad”

En esa misma ocasión, se me informó sobre el anuncio de una nueva estrategia de seguridad. Y en efecto, el 7 de junio del presente año, García Cabeza de Vaca anunció—con bombo y platillos—el lanzamiento de la llamada “Campaña de Seguridad y Prosperidad” a través de la cual cooperaría el gobierno tamaulipeco “junto con autoridades de siete agencias federales de seguridad de los Estados Unidos,” en “una estrategia binacional sin precedentes en contra de organizaciones criminales”. Me parece preciso analizar a profundidad esta Campaña, todos sus detalles de operación y objetivos, los aspectos legales de la misma, y sus posibles repercusiones. Por su complejidad y la importancia de abrir esta discusión tan delicada, dedicaré todo un espacio por separado a este tema.

Sin embargo, pareciera ser que la Campaña de Seguridad y Prosperidad, como su nombre lo indica, tiene más que ver con asegurar las inversiones extranjeras en el estado de Tamaulipas añadiendo un elemento de cooperación con autoridades estadounidenses para darles aún más certidumbre a las grandes corporaciones transnacionales que se encuentran y que potencialmente llegarían a esta entidad mexicana después de la asignación de contratos para explotar hidrocarburos en las cuencas de Burgos y Tampico-Misantla. Es desafortunado apreciar el contraste entre la protección que se da al sector transnacional de la energía y la inseguridad atroz que viven los pobladores de Tamaulipas. En el contexto actual, el gobierno del estado parece tener muy claras sus agendas y prioridades: la inversión extranjera y el bienestar de las transnacionales.

La cancelación de las rondas 3.2 y 3.3: Una oportunidad para Tamaulipas

La reciente cancelación de importantes licitaciones para la asignación de contratos de explotación de hidrocarburos que afectarían en gran medida a Tamaulipas llega en un momento clave y podría promover acciones concretas y mejores investigaciones sobre esta paradoja y los intereses que se encuentran detrás de las estrategias del gobierno estatal. Asimismo, podría ser una oportunidad para redirigir los esfuerzos hacia las comunidades golpeadas por la extrema violencia, la extorsión y el crimen organizado en sus diferentes facetas. Los ciudadanos tamaulipecos también cuentan; recordemos que su situación continúa siendo desesperada.

Se debe hacer una investigación exhaustiva de lo que ha sucedido en Tamaulipas en los años más recientes. Es evidente la falta de capacidad y de voluntad de las autoridades estatales para luchar contra la delincuencia organizada efectivamente. La tragedia de seguridad que vive Tamaulipas no se puede vincular exclusivamente a administraciones prisitas, sino también al gobierno estatal actual. Me complace la decisión por parte del gobierno federal de cancelar las Rondas 3.2 y 3.3. Esto podría ayudar a que el gobierno tamaulipeco redirija sus prioridades y comience a mirar a sus ciudadanos.

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