Carlos F. Chamorro, durante la ocupación policial del 'Confidencial' CARLOS

El periodista Carlos Fernando Chamorro, director del diario Confidencial, se presentó la mañana del sábado a la sede de la Policía Nacional de Nicaragua, en Managua, para reclamar por lo que calificó como una “confiscación” del medio de comunicación que dirige desde hace más de dos décadas y que fue ocupado por policías la noche del viernes, después de haber sido asaltado 24 horas antes. La respuesta de la autoridad fue violenta: un oficial ordenó a un grupo de antidisturbios replegar a Chamorro y las personas que lo acompañaban –incluyendo su esposa–, quienes se refugiaron en una estación de gasolina cercana. Periodistas que cubrían el hecho fueron golpeados por los antidisturbios en un nuevo acto que demuestra el asedio y la agresión que sufre el periodismo independiente bajo el régimen que presidente el sandinista Daniel Ortega.

Horas antes el periodista había acudido a la redacción de Confidencial para exigir a los oficiales que ocupan el edificio que le presentaran la orden escrita sobre el allanamiento, pero ninguno de los policías –armados con fusiles AK– dieron explicaciones. La Policía había asaltado el inmueble la noche del jueves, llevándose computadores, documentos y otros equipos, además de destrozar puertas y oficinas, incluida la de Chamorro. Un día después, la noche del viernes, otro grupo de policías ocupó el edificio y se mantiene dentro de la redacción. Cuando el director de Confidencial llegó la mañana del sábado, los policías veían televisión en uno de los equipos del medio.

“Puedo concluir y declarar que este acto de ocupación militar es sin orden expresa, sin ninguna resolución judicial, del Ministerio de Gobernación (Interior), o de la Presidencia. Es un hecho de facto, una ocupación ilegal”, dijo Chamorro. “Demandamos a la Policía que cese este acto de ocupación y que si no tienen una orden para ocupar por las armas un medio de comunicación independiente, que lo desalojen de inmediato y que nos regresen los equipos”, insistió el también presentador del programa Esta Semana, el de mayor audiencia en Nicaragua.

Carlos Fernando Chamorro es hijo de Pedro Joaquín Chamorro, héroe nacional y considerado “mártir de las libertades públicas”, que fue la voz más beligerante contra la dictadura somocista, que ordenó su asesinato en 1978, lo que marcó el principio del fin de la dictadura. Su madre es Violeta Chamorro, expresidenta de Nicaragua, quien derrotó por las urnas al gobierno revolucionario de los ochenta y comenzó una difícil transición en 1990, que fue interrumpida en 2007, cuando Ortega regresó al poder en Nicaragua.

“Estamos en un Estado delincuente que preside el dictador Daniel Ortega en Nicaragua”, dijo el periodista. “La Policía ha sido convertida en fuerza delincuencial por su jefe supremo, el dictador Ortega”, remachó. “Pero si lo que querían era callarnos, aquí estamos. Las ideas no se matan, los periodistas tenemos un compromiso sagrado con la verdad. No vamos a aceptar que sigan cercenando el derecho a la libertad de prensa y de expresión”.

Chamorro dijo que continuará realizando su programa gracias a la solidaridad de Canal 12, una de las televisoras de Nicaragua que no ha sido controlada por el Gobierno, que les ofreció sus estudios. Ortega controla a través de sus hijos al menos cinco canales de televisión abierta. Investigaciones de Confidencial revelaron como fueron compradas con la cooperación petrolera venezolana, que en una década ha sumado más de cuatro mil millones de dólares. Esa cooperación ha sido manejada de forma discrecional y según las investigaciones periodísticas ha beneficiado al círculo cercano al presidente Ortega y su esposa, la también vicepresidenta Rosario Murillo.

El Gobierno del presidente Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó la confiscación de bienes de organizaciones que ha señalado “haber participado activamente en el fallido intento de golpe de estado, promoviendo terrorismo, crímenes de odio”, según se lee en un comunicado de esa institución del hecho público el viernes. Como “golpe” Ortega descalifica a las manifestaciones que desde abril exigen el fin de su mandato y que él ha reprimido con violencia, dejando 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Asamblea Nacional de Nicaragua suspendió la personalidad jurídica a media docena de organizaciones de la sociedad civil y luego ordenó la ocupación de sus inmuebles. En el caso de Confidencial se trata de una violación al derecho a la propiedad privada, dado que el medio es una sociedad anónima inscrita en el Registro Mercantil de Nicaragua. “Los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo de las organizaciones mencionadas, pasan bajo la administración del Estado de Nicaragua, para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas de terrorismo”, afirmó el Gobierno en un comunicado.

Chamorro dijo que el lunes presentará un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia, controlada por el presidente Daniel Ortega. “Vamos a desafiar a los magistrados a que claramente digan si son cómplices de la dictadura o tienen apego a la ley, porque aquí se cometió un asalto a la libertad de prensa, de expresión y de empresa”, advirtió el periodista.

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