El Parlamento de Reino Unido vivió este lunes un espejismo. El fiscal general, Geoffrey Cox, y los diputados de todos los grupos salieron del barro en el que lleva meses hundido el debate del Brexit para implicarse en una polémica constitucional de alto vuelo. La Cámara de los Comunes exigió por unanimidad para el 13 de noviembre “todos los informes legales” manejados por el Gobierno en su negociación con la UE y este lunes volvió a reclamarlo. Cox defendió con uñas y dientes la confidencialidad y rechazó ceder “en bien del interés público”.
Se trataba más de una cuestión de principios que de contenido, y desde esa perspectiva el Gobierno tenía la batalla perdida de antemano. Eso a pesar de que la defensa de su planteamiento la hiciera un personaje homérico como Cox, con una voz de barítono y un conocimiento legal a la altura de la enorme estima que se tiene a sí mismo, como sus compañeros conservadores se encargan de recordarle.
“No se trata de discernir la legalidad de las acciones del Gobierno”, tronaba Cox. “es más bien una decisión sobre la prudencia y el buen juicio político utilizados para acceder a un acuerdo internacional [como el alcanzado con la UE] en los términos propuestos”, defendía el fiscal general, cuyo papel en todo este asunto es más bien el de abogado general del Estado al que el Gobierno recurre para pedir asesoramiento legal.
Por eso Cox imploraba una y otra vez a los diputados: “pregunten lo que quieran, yo les responderé, no me reservaré nada, pero no me pidan que me salte el principio constitucional del privilegio de confidencialidad entre cliente y abogado”, decía. Lo paradójico de todo este debate, de creer la palabra de Cox, es que no existe ninguna pistola humeante o as guardado bajo la manga. Como se esforzaba en explicar, durante un largo proceso de negociación son multitud los informes orales o escritos de asesoramiento legal que el Gobierno en su conjunto o los respectivos ministros pueden solicitar a la Abogacía General del Estado. Pero entregar cualquiera de esos documentos, aunque no revelaran nada nuevo, supondría para Cox un peligroso precedente “contrario al interés público”.
Frente a ese principio constitucional, la Cámara en bloque defendía otros igual de contundentes. Por ejemplo, su jerarquía soberana sobre el Ejecutivo para imponer una instrucción aprobada además de modo unánime por los diputados. O la transparencia necesaria y la información exigida antes de adoptar una decisión tan extraordinaria como el abandono de la UE tras décadas de asociación.
“Nuestra posición es totalmente inaceptable”, protestaba el portavoz de Justicia laborista, Nick Thomas-Symonds. “Hay aspectos que forman parte del asesoramiento dado por el fiscal general que han sido convenientemente filtrados a la prensa durante el fin de semana. Esto no es solo una cuestión de buen juicio político”, sugería.
El Partido Laborista, los nacionalistas escoceses del SNP, los unionistas norirlandeses del DUP y los Liberales Demócratas decidieron finalmente presentar una carta conjunta al speaker (presidente de la Cámara de los Comunes), John Bercow, reclamando la apertura de un procedimiento parlamentario de desacato contra el Gobierno. Bercow tiene la última palabra, aunque le resultará difícil ponerse en contra de la mayoría del Parlamento que preside, y más en un asunto en el que está en juego el principio de jerarquía soberana en la separación de poderes. De abrirse el procedimiento, no detendrá el debate sobre el Brexit, que comienza este martes y culminará con la votación sobre el acuerdo con la UE el próximo 11 de diciembre.
