Es obvio que López Obrador ha buscado la alianza con ambas facciones sindicales. Foto: Cuartoscuro.

Como se ven venir las cosas, en el tema educativo pueden acabar cumpliéndose los peores vaticinios. Si durante las últimas semanas al radical mensaje del presidente electo –que desde antes de la campaña electoral no se ha movido de su intención de cancelar la “mal llamada reforma educativa”– se le contrapusieron las posiciones más moderadas de Esteban Moctezuma, nominado para encabezar la SEP, quien además anunció el promisorio nombramiento de Gilberto Guevara Niebla como subsecretario, en el Congreso los representantes de Morena se pintaron de guerra apenas tomaron posesión: el líder de los diputados del partido mayoritario, Mario Delgado, quien en otra de sus vidas políticas fue un entusiasta de la reforma constitucional e incluso votó a favor de la contrahecha Ley del Servicio Profesional Docente, en una muestra de total incongruencia anunció que de la reforma de 2013 no quedaría ni una coma, al tiempo que el presidente del Senado presentaba una iniciativa para borrar de un plumazo de la Constitución toda referencia al servicio profesional docente, a los concursos de ingreso y de promoción y a la evaluación, y otra senadora de Morena incluso se iba contra el inciso d) de la fracción segunda del artículo tercero, donde se establece que la educación que imparta el Estado deberá ser de calidad.

A este furor destructivo no lo ha acompañado ningún proyecto de construcción alternativa, como si lo que se pretendiera fuera volver al statu quo anterior a la reforma, aquel donde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –o su versión radical, la Coordinadora Nacional de la Educación ahí donde esta es mayoritaria– controlaba discrecionalmente el proceso de ingreso, de promoción, movilidad y retiro de los profesores con criterios clientelistas o directamente de mercado. Un arreglo que se había gestado desde la década de 1940 para controlar las demandas de los profesores y someterlos a la disciplina del partido único, a cambio de concesiones laborales y prestaciones. Un sistema de incentivos donde los que se premiaba era la disciplina sindical y política, sin que tuviera peso alguno el buen desempeño profesional, ni el aprendizaje de los alumnos.

El arreglo corporativo en la educación, si bien garantizó en términos generales la paz laboral entre los maestros durante décadas –no sin brotes de inconformidad relevantes– y durante sus primeros tiempos propició el desarrollo de un sistema educativo razonable, en la medida en la que el Estado se preocupó por la formación y la capacitación continua del magisterio, no resistió la presión del cambio demográfico y el aumento de la demanda en todos los niveles escolares. Desde hace más de cuatro décadas, el sistema educativo nacional comenzó a dar resultados muy malos en términos de calidad, mientras la cobertura crecía en condiciones deplorables de infraestructura y recursos humanos.

El núcleo duro de la reforma de 2013 pretendía cambiar el sistema de incentivos de los profesores, quitarle el control de su carrera a unas organizaciones altamente corrompidas –el SNTE y la CNTE por igual– y en el caso de la coordinadora, sumida en el radicalismo cuasi insurreccional, que ha mantenido paralizada a la educación en los estados bajo su control. El objetivo expreso era que el estado recuperara la rectoría de la educación y que los maestros obtuvieran el control de su desarrollo profesional con base en su desempeño. Se trataba de acabar con el mercado de plazas y promociones, donde se intercambiaba no sólo dinero, sino reciprocidad política e incluso favores sexuales, sin que la calidad de la docencia importara un bledo. Sin embargo, si bien la reforma constitucional se hizo en términos más que razonables, la Ley del Servicio Profesional Docente resultó un fiasco, debido a que sus diseñadores se aferraron a construirla con base en un sistema de evaluación inspirado por el movimiento por la reforma educativa surgido a finales del siglo pasado en los Estados Unidos, con características esencialmente sancionadoras.

El fracaso de la reforma radicó en que no se buscó atraer a las maestras y maestros al nuevo arreglo. No se creó un sistema de incentivos positivos atractivo. Todo el diseño de la ley fue percibido como “punitivo”; no se desarrollo un buen sistema de promoción en la función, con una evaluación del desempeño de carácter promocional, mientras que se establecieron consecuencias negativas para quienes no cumplieran en las pruebas. Muchos maestros estaban hartos de la corrupción sindical y de sus mecanismos de control, pero no encontraron en las nuevas reglas nada que los beneficiara. En efecto, la reforma necesitaba cambios sustanciales, pero lo que está proponiendo la nueva coalición de poder es su demolición absoluta, para que entre los escombros resurja el control sindical.

Es obvio que López Obrador ha buscado la alianza con ambas facciones sindicales. Supuestamente, su proyecto educativo se construiría del brazo de las representaciones gremiales del magisterio, pasando alto toda su corrupción y todo su radicalismo. De ahí que el equipo de transición organizara foros donde se escucharía a los docentes exponer sus ideas para el cambio educativo. Más allá de lo manido del recurso de los foros, subterfugio tradicional de los políticos mexicanos para simular que escuchan y son sensibles a la participación social, el hecho es que el intento ha terminado como el Rosario de Amozoc, si bien no a cristazos, sí a sillazos, mientras los principales personeros de la cuarta transformación siguen festinando la destrucción de lo que consideran de manera tópica una reforma neoliberal.

La oportunidad para plantear un servicio profesional docente que incluyera a los maestros en la gestión de su carrera y que terminara con el control de sus demandas por unas organizaciones retrógradas, gracias a la construcción de nuevas formas de representación basadas en los méritos académicos y el liderazgo en la escuela, está a punto de ser echada a la basura, enmarañada en el discurso demagógico de cancelar todo lo que huela a la reforma resultante del Pacto por México. Atrapado entre el chantaje de la CNTE y el oportunismo del SNTE, el próximo gobierno se ha quedado sin proyecto educativo alguno.

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